Ley 755: qué le exige
a su empresa

A las empresas generadoras de residuos: la Ley 755 (2015) y su reglamento, el D.S. 2954, ponen la gestión y la declaración en cabeza de quien los produce. Si en su rubro o por su tamaño existe algún umbral que deje afuera a una empresa chica, ese dato no está confirmado de nuestro lado y por eso no lo va a encontrar publicado acá: se lo confirma su asesor legal, que es quien puede leerlo contra el caso concreto de su empresa. Lo que sí es claro es el principio: si su empresa genera residuos, la obligación de gestionarlos y declararlos existe.

Es el sistema al que se declara la gestión de residuos en Bolivia, sostenido por la Ley 755 y su reglamento, el D.S. 2954. La parte práctica, para una empresa, es la declaración: llegar a fin de mes con los movimientos ordenados y respaldados en lugar de reconstruirlos de memoria y de correos sueltos. Greenway produce documentación compatible con el SIGIR; la presentación la hace la empresa, con su nombre y su firma.

Que la responsabilidad no viaja con el camión: aunque contrate a un tercero para llevarse el material, la empresa que lo generó sigue apareciendo detrás de él. En la Ley 755 ese principio está escrito junto con los manifiestos de transporte para los residuos peligrosos, en el artículo 37. Conviene ser preciso con ese alcance en lugar de estirarlo a todo tipo de residuo, porque un dato legal estirado se cae en la primera revisión seria. Para los reciclables comunes la exigencia es la otra: gestionarlos y declararlos. En los dos casos la pregunta que le van a hacer es la misma, dónde terminó el material, y se contesta con evidencia.

Que tercerizó el transporte, no la declaración. Quien declara sigue siendo la empresa generadora, y para declarar necesita saber qué salió, cuánto pesaba y adónde fue. En residuos peligrosos la Ley 755 es más explícita todavía: responsabilidad solidaria y manifiestos de transporte, artículo 37. En la práctica, lo que le conviene exigirle a quien se lleva su material es exactamente lo que después va a necesitar en la declaración: fecha, peso, destino y constancia de la entrega. Si eso no le llega, tiene un problema de papeles antes de tener un problema de residuos.

No. La Ley 755 es una obligación de gestión ambiental, no un requisito de los pliegos, y vale la pena aclararlo porque la confusión hace que las empresas persigan el papel equivocado. Lo que sí existe es otra norma: la Ley Departamental 239 de Santa Cruz (2021), que acredita a una empresa como socialmente responsable y con la que se pueden sumar hasta 5 puntos en contrataciones del gobierno departamental. Esa acreditación y ese puntaje los define la Gobernación de Santa Cruz según sus propios requisitos. Greenway no da puntos ni arma el expediente: aporta la evidencia documentada con la que una empresa se presenta. Antes de presentarse a una licitación, confírmelo con su asesor legal.

La ley gradúa las sanciones en tres escalas y las diferencia entre personas y entidades. Para una entidad: de 1 a 4 salarios mínimos si la infracción es leve (art. 44), de 5 a 20 si es grave (art. 45) y de 21 a 40 si es gravísima (art. 46). Conviene decirlo así y no «de 0,5 a 40», que es como suele circular: ese 0,5 es el piso de una falta leve cometida por una persona, no por una empresa, y juntar las dos escalas en un solo rango hace sonar improbable el número grande. Qué escala corresponde a un caso concreto depende de la falta y de quien la sanciona: eso se lo confirma su asesor legal. Y a la sanción económica se le suele sumar algo que no figura en ninguna tabla, que es el costo de una observación pública.

No. La REP —Responsabilidad Extendida del Productor— es el esquema por el cual el fabricante se hace cargo del envase después del consumo. En Bolivia todavía no es ley: lo que rige hoy es la Ley 755. Chile sí la tiene desde 2016, con la Ley 20.920, y es el modelo que se mira en la región. Si alguien le asegura que en Bolivia ya hay metas obligatorias de REP, pídale la norma antes de tomar cualquier decisión con eso.

La Ley 1333 (1992) es la ley madre ambiental de Bolivia: prohíbe contaminar y quemar basura, y los delitos ambientales pueden llegar a tener sanción penal. La Ley 755 (2015) es posterior y más específica, y se ocupa de la gestión integral de residuos. No se reemplazan: conviven, y a una empresa generadora le aplican las dos.

Sí. Su artículo 18 reconoce a los recuperadores y recicladores. Suele sorprender adentro de una empresa: la persona que junta el material en la calle no está al margen de la norma, está nombrada en ella. Para una empresa generadora eso tiene una consecuencia práctica y concreta: documentar a quién le entregó el material, con nombre y con constancia, es parte de poder demostrar dónde terminó.